Unos pudieran sorprenderse y muchos otros se indignarán. Habrá de todo, seguramente, si, como pudiera ocurrir con ese amparo directo que deja en suspenso la sentencia dictada al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, que no modifica su estatus actual de mantenerse en la cárcel con la pena impuesta de nueve años; en la revisión del procedimiento de su caso los juzgadores pudieran encontrar que efectivamente se ocuparon pruebas ilegales para dictarle esa sentencia, como JDO argumenta, y como resultado pudiera —se dice pudiera—, incluso ser absuelto por los delitos por los que fue encarcelado y juzgado. Parecería una locura, pero esa es la realidad. Si ya había críticas por esa ridícula condena en su contra, que va a permitirle salir en poco tiempo del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, ahora los abogados de Duarte exploran esta posibilidad aprovechando las ventajas que otorga el nuevo sistema penal para, si lo logran, obtener el máximo beneficio para el exmandatario y colocarlo en calidad de víctima, como él ha repetido, aunque haya dejado a Veracruz depredado y en la quiebra financiera. Duarte tiene en su contra haber aceptado la culpabilidad de los delitos que se le atribuyeron en el juicio abreviado, aunque ahora argumenta que fue obligado a aceptar ese procedimiento: “Me pusieron (una) pistola en la cabeza, me obligaron a aceptar la sentencia. Fue la PGR”, según dijo en una entrevista televisiva; sin embargo, lo que ahora importa es que un tribunal va a analizar el procedimiento impugnado para determinar si las pruebas de los delitos por los que se sentenció al exgobernador son legales e ilegales, y si se comprueba esto último, la noticia que en realidad sí cimbrará Veracruz y al país es que Duarte sea absuelto de toda culpa y de inmediato recupere su libertad. ¿Cuánto tardará ese análisis de la autoridad judicial? No se tiene certeza, pero si llegara a materializarse ese indulto, que no es otra cosa, sin duda tendrá un fuerte impacto social y, desde luego, también político. Habrá que esperar lo que digan las leyes y la justicia.
VERACRUZ, A LA CABEZA EN FEMINICIDIOS
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa el deshonroso primer lugar nacional en feminicidios, después de Sonora, Morelos, Tabasco, Chihuahua y Sinaloa. Es muy lamentable, pero más que las autoridades del estado no tomen con seriedad este asunto. Ayer, en una conferencia de prensa, cuando se le preguntó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez acerca de la responsabilidad de la autoridad estatal en la prevención de este delito que sigue creciendo en todas las zonas del estado, lo que acertó a decir es que la Fiscalía General del Estado, su titular Jorge Winckler Ortíz, no realiza la labor de detener a los delincuentes. Tiene razón, sólo en parte. La realidad es que debe ser una acción conjunta, preventiva y de investigación, pero gravita más la primera para evitar este tipo de casos y en la cual deben participar todos los actores de la sociedad, comenzando por las autoridades municipales, la sociedad civil y el sector privado, pero muy especialmente las propias mujeres que deben tomar todas las medidas de prevención para no estar expuestas al riesgo de ser atacadas por muchos enfermos mentales en la calle. Es un trabajo colectivo, no individual. Desde luego que él, como gobernador, no tiene toda la responsabilidad, pero tratar de zafarse no es una buena señal. El mandatario debe reflexionar acerca de éste y otros asuntos importantes que afectan a la comunidad veracruzana. A él los veracruzanos lo eligieron, precisamente, para atender y resolver los problemas que plantea el estado de Veracruz.
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