Las declaraciones del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa de pactar con el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su entrega a las autoridades judiciales con el ofrecimiento de recibir ayuda en el proceso penal que se le iniciaba por corrupción, y después con el ex titular de la entonces PGR, Elías Beltrán, a cambio de dinero, para dejar en paz a su familia y la reclasificación del delito de delincuencia organizada para que obtuviera una sentencia baja (como ocurrió), sólo confirma la complicidad en el caso de corrupción que lo involucran a él, a ex funcionarios de su gobierno y a destacados miembros de la política nacional, como los mencionados en sus propios señalamientos, en el que, incluso, podrían añadirse nuevos elementos de prueba, como las que dijo tener y ocultó (que también es complicidad) el también ex gobernador, su enemigo político y sucesor, Miguel Ángel Yunes Linares, que según él iban a “cimbrar a México”, de lo cual surgieron elucubraciones de una supuesta grabación del ex mandatario preso en la que habría admitido el envío de dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto cuando éste era candidato presidencial; pero fuera de especulaciones, el asunto mediático no solamente debe quedarse en eso, sino investigarse otros delitos que podrían derivarse de lo señalado por Duarte, incluso, aunque ya se sabe que una persona no puede juzgarse dos veces por el mismo delito, sí considerar la ampliación de responsabilidades penales que puedan configurarse en probables delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, cohecho y complicidad, que puede ser valoradas por el actual titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. La victimización que expresa el ex gobernador preso no puede tomarse en serio, conforme a las revelaciones que hizo, pues quedaría claro que hubo favorecimiento para variar los delitos, y otros más. Aceptar que son cargos “fabricados” por las autoridades es cerrar los ojos a la situación de quiebra financiera en que su gobierno dejó al estado de Veracruz y su enriquecimiento, pese a no encontarse bienes ni cuentas multimillonarias bancarías a su nombre. Su misma confesión de que “no le cumplieron” los ex funcionarios del gobierno federal los acuerdos que hicieron con él, debe tomarse como una prueba más, no sólo contra él, y justificaría el inicio de un nuevo proceso penal y ampliar en otra carpeta de investigación a los que involucra como cómplices y extorsionadores. El nuevo gobierno, si tiene la voluntad, podría considerar estas revelaciones que hace el propio acusado. Ya se conocerá el desenlace de esta tortuosa historia de corrupción. Esperemos.
LA DESAPARICIÓN DE PODERES EN MIXTLA
+++Finalmente, por mayoría, los diputados del Congreso local aprobaron la desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano, en la sierra de Zongolica, como propuso el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Antes, ya se había aprobado la intervención de la hacienda municipal, de lo cual podrían derivarse delitos de desviación de recursos públicos, por faltantes sin respaldo documental. La situación, más allá de violencia, inseguridad y pobreza, es un profundo conflicto entre familias ligadas al poder político, que involucra a las anteriores y las actuales autoridades que en los siguientes días serán sustituidas por un consejo municipal. Al parecer, los intereses eran irreconciliables y el riesgo es que se presentaran nuevos hechos de sangre. Esta decisión, sin embargo, en sí misma no garantiza que se logre la estabilidad política y social en ese municipio, pero sí podría favorecer a que retorne el control del gobierno y la tranquilidad.
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