Si el caso de 14 acribillados en Minatitlán el viernes pasado por un grupo de sicarios había originado el repudio popular y la exigencia de seguridad al gobernador Cuitláhuac García Jiménez….
Este miércoles el crimen de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, su esposo y el chofer, sobre la carretera Zongolica-Orizaba por un grupo armado que disparó a mansalva contra ellos, puso en un nuevo aprieto no solamente al mandatario estatal, sino sobre todo al presidente Andrés Manuel López Obrador que este viernes arriba al sur del estado para tratar de calmar los ánimos de una población temerosa de salir a la calle y vivir en ese infierno en que se ha convertido esa zona. Curiosamente, ambos hechos ocurren previo a una visita presidencial que provoca una escalada de críticas sobre la estrategia de seguridad que se ha implementado y que hasta ahora no funciona, como lo demuestran los hechos, y cuánto tiempo más se va a necesitar para garantizar la paz y tranquilidad en Veracruz, y en el país. Ahora, a la crispación pública se suma la presión política por la muerte de la alcaldesa que logró esa posición bajo las siglas de Morena, partido al que renunció en 2018 para sumarse a la campaña del candidato a gobernador por el PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez. Un antecedente es que un grupo delincuencial la había amenazado en diciembre de 2017, ofreciéndole 300 mil pesos por solicitar licencia, pero ella se negó a hacerlo. ¿Qué va a pasar? Por lo pronto, ayer el gobernador se reunió a puerta cerrada en Orizaba con los alcaldes de Los Reyes, Maltrata, Acultzingo, Aquila, Astacinga, Cuichapa, Huiloapan, Magdalena, Camerino Z. Mendoza, Naranjal, Omealca, Soledad Atzompa, Yanga, Tequila, Tezonapa, Tlilapan y Zongolica, para mantener canales de diálogo, evitar una crisis política y asumir compromisos para implementar nuevos mecanismos que den mejores resultados y recuperen la confianza ciudadana. El anuncio para adquirir 160 nuevas patrullas para reforzar la seguridad en el territorio veracruzano debe interpretarse como una de esas medidas de emergencia que comienzan a tomarse. En conclusión, si como se afirma en los altos mandos, de que no hay ni habrá acuerdo con esos poderosos grupos del crimen para poner fin a la violencia, lo que está sucediendo podría tratarse de una demostración de lo que son capaces esas organizaciones para así forzar una negociación con el gobierno federal. Ayer, por cierto, el delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hizo una declaración relevante en esta coyuntura: “El gobierno de Veracruz tiene todo el respaldo de la Federación y las instituciones del país para sacar adelante al estado en materia de seguridad, y en eso estamos trabajando”.
EXHIBEN INEFICIENCIA DE WINCKLER
De acuerdo con las cifras registradas en el Censo Nacional de Justicia 2018, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) es de la menos eficientes a nivel nacional. De 61 mil 402 carpetas iniciadas, sólo 11 mil 361 fueron determinadas el año pasado, lo que muestra una efectividad de apenas 18%, cifra sólo superada por Durango y Chiapas; en cambio, Yucatán y Durango mostraron un cumplimiento ejemplar: registraron un 100% de efectividad en la actividad que realizan.
PRI DIVIDIDO
En medio de una profunda división, con 22 impugnaciones al proceso interno, este domingo los priistas eligen por voto directo a su presidente estatal. Marlon Ramírez Marín y Adolfo Ramírez Arana son los prospectos más fuertes, y uno de ellos podría obtener la mayoría de votos para asumir ese cargo en el periodo estatutario 2019-2023, lo cual se conocerá tres días después, cuando se realice el cómputo. Ya después se verá si el asunto llega a los tribunales y ahí se define al ganador.
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