Dos semanas después del primer intento fallido del grupo legislativo de Morena para someter a juicio político y destituir a Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del Estado, este viernes, al mediodía, será reanudada la sesión extraordinaria de la LXV Legislatura local que la diputación morenista tuvo que posponer “hasta nuevo aviso” el pasado día 8 cuando sus líderes corroboraron que no lograrían sumar los 34 votos mínimos de la mayoría calificada que exige la Constitución Política de Veracruz para proceder contra el titular de este órgano autónomo.
Y a menos que de última hora, tras un reflexivo acto de contrición siquiera 3 de los 19 diputados que la semana antepasada se opusieron al enjuiciamiento y remoción de Winckler reconsideraran su posición anterior, es posible que, entonces sí, a Morena se le hiciera el milagro de deshacerse por fin del abogado yunista, a quien, por cierto, este jueves le impidieron el acceso a la reunión de seguridad pública en Coatzacoalcos que encabezó el gobernador Cuitláhuac García.
Pero, hasta anteayer, en la bancada de Morena se percibía cierta resignación ante un posible resultado adverso, ya que después de la abortada sesión anterior corrió la versión de que algunos diputados aliados habrían sido “cañoneados” hasta con ¡cinco millones de pesos! por parte del grupo de poder interesado en sostener en su cargo a Winckler el resto del sexenio, pues la Fiscalía General es la primera instancia legal que conocerá y encausará todas las denuncias penales que la nueva administración estatal pudiera presentar en contra de ex funcionarios e inclusive de algunos diputados locales del PAN implicados en el desvío y malversación de recursos públicos o en otros actos ilegales.
Y es que en Morena siguen firmes en su postura de no comprar conciencias para ganar la votación. Le apuestan a que sea la historia la que juzgue el actuar de cada quien, y que cada diputado, incluidos los del partido lopezobradorista, rinda cuentas y explique a sus electores por qué en diciembre pasado sí aprobaron la reforma al artículo 33 constitucional para que el Congreso pudiera remover al fiscal, y dos meses después, incongruentemente, se opusieron a que se le enjuicie y destituya.
Tienen claro que no todos los que se treparon al barco de Morena y fueron remolcados electoralmente por Andrés Manuel López Obrador están plenamente comprometidos con la Cuarta Transformación que impulsa el Presidente, y que tampoco será fácil cambiar el régimen político corrupto en el corto plazo.
Pero los infieles y traidores no sólo arribaron al Congreso local, sino que también se infiltraron en dependencias del gobierno estatal, como en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde presuntos “soltadores” de algunos funcionarios están pidiendo hasta el 20 por ciento de “moche” a desesperados empresarios por tramitarles el pago inmediato de los adeudos pendientes de las dos administraciones anteriores.
¿Estará enterado el secretario José Lima Franco de las presuntas transas que fraguan a sus espaldas algunos subordinados corruptos y desleales? Seguramente no, pues el martes pasado el titular de la Sefiplan se comprometió ante los miembros de la asociación civil Semillero Empresarial para el Desarrollo de México, que lidera Carlos Abreu, a que la deuda institucional del gobierno del estado con los constructores y proveedores sí será liquidada, aunque en algunos casos, por el tamaño de sus montos, dijo que se pagaría a lo largo del sexenio.
¡Seguridad!, urgió Martínez Zaleta
El diputado federal Edmundo Martínez Zaleta, quien suple momentáneamente por razones de salud a Héctor Yunes Landa en la Cámara baja del Congreso de la Unión, tomó la palabra desde su curul para demandar en la sesión ordinaria de este jueves el apoyo urgente de la Federación a Veracruz para contener la “terrible hemorragia” que está sufriendo el estado “ante tanta violencia”.
El exalcalde de Papantla y exsubsecretario de Seguridad Pública expuso que “la violencia que vive el estado de Veracruz es muy grave, a diario hay asesinatos, feminicidios, secuestros y toda clase de delitos, sin que en la mayoría de los casos haya detenidos o responsables.”
“Los veracruzanos vivimos con miedo, y a eso no debemos, ni podemos acostumbrarnos”, remarcó, por lo que, dijo, “como veracruzano y como representante popular hago un respetuoso llamado y urgente al Poder Ejecutivo Federal, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incluya al estado de Veracruz en el Plan de Combate a la Inseguridad, como región prioritaria.”
De igual manera solicitó a las autoridades federales que “desarrollen, instrumenten y ejecuten una nueva política de seguridad en el estado de Veracruz”, pues alertó que la entidad veracruzana “necesita del apoyo del gobierno federal para evitar que se convierta en un estado sin ley.”
Sin embargo, este mismo jueves, en Coatzacoalcos, se instaló la Mesa Intersecretarial de Seguridad en reunión encabezada por el gobernador Cuitláhuac García y el subsecretario federal de Seguridad, Leonel Cota Montaño. Además, arribaron al sur de la entidad los primeros 450 elementos del Ejército y de la Marina, que serán la base de la nueva Guardia Nacional.
