AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
* WINCKLER EN MANOS DE EDEL
De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz, las autoridades competentes para aplicar esta ley son el Poder Legislativo que se erigirá en jurado de acusación o de procedencia, según sea el caso, y el Poder Judicial cuyo Pleno del Tribunal Superior de Justicia se constituirá en jurado de sentencia, y su sala constitucional con el carácter de Comisión de Enjuiciamiento.
Así que si el juicio político que la LXV Legislatura local le ha iniciado al fiscal general del estado Jorge Winckler Ortiz finalmente procediera, la decisión final quedaría en manos de los magistrados que como presidentes de sala integran el Pleno del TSJE, los cuales están por ser sustituidos al concluir sus respectivos periodos.
Actualmente, la primera sala es presidida por el magistrado Marco Antonio Lezama Moo, un tabasqueño avecindado en Veracruz desde hace más de 50 años, quien se desempeñó como subprocurador de Justicia del estado y en junio de 2014 fue propuesto por el ex gobernador Javier Duarte ante el Congreso local para sustituir en el TSJE por fallecimiento al magistrado Miguel Nava Oyarzábal. Por las canonjías recibidas, entre ellas hasta el presunto pago de la renta del departamento de su hijo en la Ciudad de México, su voto sería en el sentido que le sugiera el presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña.
La segunda sala, integrada por el juez comisionado Luis Daniel Ruiz Guerrero y Alejandro Gabriel Hernández Viveros, estaría igualmente bajo control de Álvarez Peña.
La tercera sala, que preside Julio César Díaz Hernández y a la que está adscrito también el ex presidente del TSJE, Alberto Sosa Hernández, se presume que su voto sería independiente.
No así la cuarta sala, presidida actualmente por Víctor Manuel César Rincón, pero a la que serían integrados dos de los magistrados recién designados por el gobernador Cuitláhuac García y ratificados por el Congreso local.
A la quinta sala, de la magistrada Beatriz Rivera Hernández, también serían adscritos otro par de nuevos magistrados, por lo que presumiblemente su voto se tomaría de manera independiente.
El voto de la sexta sala dependería de quién sustituya al presidente Roberto Armando Martínez Sánchez. Su camarada Yolanda Cecilia Castañeda posiblemente desacataría la línea marcada desde la presidencia del TSJE.
En cambio, en la octava sala que preside Fluvio César Rafael Vista Pérez y de la que forma parte también el magistrado Roberto Dorantes Romero, el sentido del voto sería conforme se los sugiera el titular del Poder Judicial.
Igual que la Sala de Responsabilidad Juvenil a cargo de Gilberto Ignacio Bello Nájera, a quien en 2017 le fue abierto un procedimiento por presuntas malas prácticas en el proceso del entonces diputado federal y ex tesorero de la Secretaría de Finanzas del estado, Antonio Tarek Abdalá Saad, quien era señalado por presuntos malos manejos del Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud (FASSA) con un posible daño patrimonial de más de 315 millones de pesos. En este caso, que pudo generarle el cese definitivo e inhabilitación para el ejercicio público, la Contraloría General del Estado señaló que Bello Nájera no admitió la contestación de la demanda presentada en el Juicio de Nulidad de Abdalá Saad. Sin embargo, el magistrado replicó que el contralor no tenía facultades para contestar la demanda, por lo que debió haberlo hecho el entonces Director General de Integridad y Ética de los Servidores Públicos.
Respecto a la sala constitucional, su presidenta Lizbeth Hernández Ribbon posiblemente actúe con mayor independencia dado el malestar que al parecer aún persiste en esta magistrada por el despido de un familiar cercano que laboraba en el TSJE ocurrido hace un par de años. Su contrapeso sería Gladyz Pérez Maldonado, más afín al magistrado Álvarez Peña, quien este miércoles, por cierto, entrevistado sobre las propuestas hechas al Congreso local por el gobernador Cuitláhuac García de seis postulantes a magistrados, reconoció la voluntad del Ejecutivo estatal por cubrir estas vacancias que, dijo, fortalecerán el trabajo jurisdiccional en beneficio de los veracruzanos.
