Cruzado el Rubicón, ya no hay retorno

A partir del 30 de marzo es oficial el arranque del proselitismo autorizado para convencer al electorado mexicano sobre las bondades de candidatos y propuestas rumbo a la presidencia de la república. Ya lo hemos adelantado, será una elección fundante porque cualquiera que sea el candidato presidencial que obtenga la mayoría de votos se verá en la necesidad de realizar cambios al Sistema Político Mexicano, condición sine qua non para lograr gobernabilidad. Pero a la vez, desde la perspectiva ciudadana también será una elección plebiscitaria, porque se avizora una gran participación comicial y el voto pudiera emitirse de manera diversa, es decir, quien vote por un determinado candidato presidencial no necesariamente lo hará por el mismo partido para legislador o gobernador.

Esta última tesis es arriesgada desde el matiz de un candidato que, como AMLO, se muestra arrollador en el arranque y por ende se presume un “efecto” con impacto a favor de sus candidatos a legisladores y gobernadores. Pero el anclaje de la hipótesis se apoya en el supuesto de una ciudadanía participativa, ya polarizada respecto del tema electoral; también se finca en las manifiestas simpatías y aversiones hacia partidos políticos y candidatos, lo cual induce el voto diverso, cuyas consecuencias se reflejarían en un Congreso Federal con tres fuerzas embestidas entre sí, en donde la de menor número operaría como gozne en la negociación de los acuerdos legislativos. Así ocurrió en el 2000, así pudiera suceder en 2018.

En cuanto a propuestas, hará mucho ruido en campaña la de México al Frente sobre un gobierno de coalición, cuya parte medular propone “romper con el tradicional presidencialismo”, de paso servirá para promover a Mancera como el ideólogo de esa coalición. Hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador ha venido presentando diferentes propuestas y prácticamente ha alimentado la agenda en la etapa previa al inicio formal del proceso electoral; uno de esos temas se refiere a la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX, que ha levantado intensa polémica; ahora pone sobre el tapete qué hacer con Los Pinos, como decisiones en caso de llegar a la presidencia, como sea levantan polémica y activan las redes sociales muy fecundas en fake news.

El escenario geopolítico nacional señala a MORENA entre los partidos competitivos que no gobiernan en entidades federativas aunque como en Veracruz mantiene enclaves municipales de importancia. Respecto de los partidos en alianza el PRI gobierna actualmente 15 entidades federativas, más Chiapas, en donde hasta ahora gobierna el Verde Ecologista; mientras que el PAN lo hace en ocho estados, el PRD en 4 y en coalición 3, es decir, en números están al parejo. Sin embargo, puestos en la balanza esta se desnivela si se atiende al padrón electoral, pues el PRI cuenta con el Estado de México y Jalisco, por su lado el PAN-PRD tienen Veracruz y la Ciudad de México. Si nos atuviéramos a ese andamiaje de estructuras se evidenciaría supuesta desventaja para MORENA, sin embargo la paradoja nos avisa que MORENA no gobierna en ninguna entidad pero va a la cabeza de la apreciación ciudadana.

Es obvio que ese escenario político territorial podrá cambiar después del primero de julio cuando se elijan gobernadores en nueve entidades federativas: Puebla; Guanajuato; Tabasco; Yucatán; Ciudad de México; Jalisco; Chiapas; Veracruz; Morelos. En la CDMX, Tabasco, Chiapas y Morelos, MORENA parece tener escenario propicio; el PAN en Puebla y Guanajuato, el PRI en Yucatán, y en Jalisco el candidato formal de MC lleva delantera. En Veracruz, Cuitláhuac se percibe asimismo en delantera, pero esto todavía está por empezar, aunque es intensa la actividad soterrada de las diferentes fuerzas en pugna.

Por cuanto se refiere al árbitro electoral y lo que implica contar con instituciones autónomas, sería muy lamentable que el actual Órgano Público Local Electoral (OPLE) se condujera como en sus tiempos lo hiciera el Instituto Electoral Veracruzano, pues significaría un acentuado retroceso y daría al traste con el crédito que merecen los resultados de una jornada comicial muy competida. Hasta donde es posible observar, el OPLE veracruzano no se ha ganado el crédito que su función requiere. La más reciente de sus pifias ha sido autorizar un gasto exuberante para las campañas de quienes aspiran a gobernar Veracruz (¿qué hará la señora Sheridan para gastar 2.6 millones diarios?), en contraste con una población mayoritaria viviendo en condiciones de pobreza y con sus demandas iniciales sobre mayor monto presupuestal para su desempeño. La medida es imprudente y no abona a la confianza que debe inspirar a quienes compiten y a la ciudadanía veracruzana.

En Veracruz el triunfo será para el partido mejor organizado, ese es un elemento de impacto en la capacidad para movilizar al elector; mucho influirá el partido con la mejor propuesta y el candidato más capacitado para convencer al electorado, lo que obviamente debe combinarse con la mercadotecnia. Ya iniciaron, la suerte está echada, dice la cita famosa, pero aquí la suerte tiene menor valor que la capacidad de convencimiento, tal lo comprobaremos justamente en 90 días, el 1 de julio.

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