? La Contraparte | Óscar Pedro Reyes Castelán
? Miércoles 30 de agosto de 2017
? Aunque inquieta, no debe sobredimensionarse el retiro de la Marina del servicio de apoyo a la seguridad de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río en noviembre de 2018, aunque el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz (CCE), José Manuel Urreta Ortega, diga que “no hay condiciones para que la Policía Naval deje de operar en esta zona”, y el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Arturo Mattiello Canales, haya expresado que ese cuerpo armado debe quedarse al menos hasta 2019 para dar tiempo a capacitar a nuestro policía, éste es un hecho que tarde o temprano tendrá que suceder. La intervención de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública ha sido invaluable y podría mantenerse indefinidamente si así lo decide el gobierno de la República, aunque para ellas la Constitución sólo prevea funciones de seguridad interior, defensa de la soberanía nacional y auxilio a la población en casos de desastre, y la seguridad pública sea una responsabilidad exclusiva de los gobiernos municipales y del estado. De llegarse a su fin ese retiro gradual de la Policía Naval, como se anticipa, se tiene un año y tres meses de plazo para preparar los cuadros policiacos que van a sustituir a estos cuerpos de seguridad para combatir a la delincuencia, crear grupos elite debidamente capacitados y armados para intervenir en casos de alto riesgo, y retomar esa tarea que se delegó a la Marina y Ejército. Ya se verá qué pasa, pero de que es necesario una nueva policía, que la hay pero hay que depurarla, mejor pagada, profesional y respetuosa de los derechos humanos, útil a la sociedad, es un asunto que nadie puede negar.
DEL CASTILLO Y BENÍTEZ, ARROPADOS EN EL CADALSO
Gracias al fuero constitucional y protección de grupos políticos (a nivel federal), o supuestos pactos a cambio de ser delatores, servir a fines políticos o entrega de propiedades y fortunas, aún permanecen inmunes a la ley algunos de los exfuncionarios de la administración de Javier Duarte, a quienes se atribuyen delitos de grandes desvíos de recursos públicos o lavado de dinero. De ellos, ya se solicitaron juicios de procedencia ante la Cámara Baja del Congreso de la Unión contra el extesorero estatal, Antonio Tarek Abdalá Saad, y el exsecretario de Desarrollo Social y excoordinador General de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, que hasta ahora no han procedido. ¿Cuándo se hará lo propio en Veracruz? Es una cuestión que sólo puede responder la Fiscalía General del Estado, aunque esa decisión dependa de circunstancias y de que los diputados Juan Manuel del Castillo González, exsubsecretario de Finanzas y Administración, y Vicente Benítez González, exoficial mayor de la SEV, sigan siendo útiles al actual régimen y mantengan una actitud “favorable” al poder. ¿Usted que opina?
SE DESPLOMA LA VENTA DE AUTOS EN EL ESTADO
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), por medio de su director general Guillermo Rosales Zárate, reportó que de enero-julio de 2017, la venta de autos se desplomó en una decena de entidades con economías dependientes a la extracción del petróleo, inseguridad pública y deudas en sus finanzas públicas, Veracruz entre ellas con 19.1% menos, así como Tabasco, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Oaxaca, Querétaro, Morelos, Hidalgo y Chiapas. En cambio aumentaron sus ventas Baja California, Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit, y Colima.
GRAVE EN EL IMSS ALCALDE ELECTO DE LA ANTIGUA
El alcalde electo de La Antigua, Hugo Castro Rosado, se encuentra internado desde hace varios días en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional del IMSS en el puerto de Veracruz. Los médicos hacen lo posible por salvar su vida aunque, debido a su grave estado de salud, se teme un desenlace en cualquier momento.
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