Transparencia 3.0 | Naldy Rodríguez
Viernes 24 de marzo de 2017
Al hablar de igualdad, aparejado, nos viene a la mente la palabra desigualdad. Tenemos presente la noción del significado de ésta última, pues encontramos numerosos ejemplos en la vida diaria y en nuestra sociedad.
Vemos desigualdad en la distribución de la riqueza, la conformación de clases sociales —si bien menos marcada la diferencia entre una y otra, persiste—, la asignación de cargos públicos y por supuesto en la representación democrática de las mujeres.
Para el filósofo político Kymlicka la igualdad consiste en la aceptación de que los intereses de cada miembro de la comunidad importan e importan de un modo igual y que cada ciudadano tiene derecho a una igual consideración y respeto.
Su concepto esta alejado de la realidad en el estado de Veracruz, donde hemos podido constatar que “los intereses de cada miembro de la comunidad” han quedado relegados a los de un grupo en el poder.
Así en los últimos 12 años se han impuesto reformas constitucionales y leyes “a modo” como fue el caso de la reforma al artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Veracruz, catalogada por varios sectores de la población como una ley “antiaborto”.
Gracias a la insistencia de Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, asociación representada por Araceli González Saavedra, la Segob analiza la solicitud de una segunda alerta de violencia de género para Veracruz por “agravio comparado”.
Hasta ahora el informe advierte que existe una “discriminación normativa” en contra de las mujeres veracruzanas con respecto a las de otras regiones del país que debe atenderse pronto.
En el documento se expone la persecución legal en contra de las mujeres que abortan, ya sea de forma espontánea o inducida, pues se han iniciado 15 investigaciones ministeriales y siete carpetas de investigacio?n por el delito de aborto en el estado entre el 2015 y el 2016. De esas 22 indagatorias, 13 se encuentran en tra?mite, ocho en reserva y una consignada.
En la solicitud, las integrantes de Equifonía argumentaron que la desigualdad en las leyes veracruzanas respecto a la de otros estados y a la legislación federal deja en la indefensión a las mujeres, específicamente en el acceso a salud pública y a la Interrupción Legal del Embarazo.
También señalaron que a diferencia de otros 22 estados, las veracruzanas que quedan embarazadas como producto de una violación tienen como plazo límite los tres primeros meses de gestación para practicarse un aborto (para que no se les imponga responsabilidad).
Se advierte también que en Veracruz existe una amplia necesidad de acceso a los servicios de salud especializados y a métodos anticonceptivos para las mujeres. De acuerdo al estudio que realizó Equifonía, 5 por ciento de las féminas tiene insatisfecha la necesidad de anticoncepción. Y en el rango de edad de 20 a 24 años, el porcentaje aumenta a 8.2 por ciento.
Es una realidad que las mujeres originarias del estado de Veracruz han tenido que salir a otras partes del país, principalmente a la Ciudad de México (CDMX) para poder interrumpir su embarazo, ya sea porque fueron víctimas de algún delito o tomaron la decisión de hacerlo por así convenir a sus intereses. De 2014 al 2016 acudieron a hospitales públicos de esa entidad un total de 86 mujeres, la mayoría tenía entre 20 y 30 años de edad y lo hicieron antes de la semana 12 de gestación sin requisito alguno, según informes del gobierno capitalino obtenidos por transparencia.
En aras de buscar una igualdad sustantiva en beneficio de la más mujeres veracruzanas es recomendable homologar la legislación local y reformar el artículo 4º Constitucional para que accedan a servicios especializados de salud y a la Interrupción Legal del Embarazo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene para cuando resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de dicha reforma, ya lo dijo el secretario de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.
Ojalá pronto se emita la segunda alerta de violencia de género para Veracruz, pero sobre todo que se tomen las medidas y recomendaciones señaladas, porque “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, como coloquialmente se dice.
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El columnista Ricardo Monluí fue etiquetado como el “primer” periodista asesinado en el nuevo gobierno, como si quisieran seguir enumerándolos… Yo espero que sea el último, aunque eso signifique para muchos que a Miguel Ángel Yunes le vaya bien. Lo preocupante es la impunidad y la falta de justicia, porque se pone en riesgo al resto de quienes ejercen la profesión y con ello se atenta contra la libertad de expresión.
“Dos personas y un secreto. Así empieza una conspiración y toda corrupción”:
Julian Assange, “El quinto poder”, una película de 2013 muy vigente